Por Alfonso Castillo


Nov. 26/21.- Se están conmemorando 5 años de la firma del acuerdo final de paz (AFP), un acontecimiento sin duda extraordinario e histórico, qué le brindó a la sociedad colombiana la inmensa posibilidad de poner fin a un largo y doloroso conflicto armado interno, que afectó en múltiples dimensiones a Colombia. Y aunque la consolidación de la Paz, pareciera esquiva, es importante considerar que a través de la firma del acuerdo final de paz se abre un escenario muy importante para construir una nueva realidad social, política y económica para el país, lo cual por supuesto pasa por desatar toda la imaginación, la creatividad y la audacia tanto del gobierno y las instituciones, como también de manera particular, de distintos sectores sociales, sí de lo que se trata es de construir la anhelada paz.

Una vez firmado este importante acuerdo, ninguna autoridad en el país debiera poner excusas para no comprometerse al diseño de las acciones que permitan la transformación de la sociedad colombiana, porque el acuerdo final de paz tiene la fuerza constitucional qué permite a todas las autoridades del país actuar para superar todas las causas que generaron el conflicto armado en Colombia, es decir impulsar una vigorosa agenda social y fortalecer procesos de participación ciudadana, para lo cual el acuerdo mismo traza los lineamientos generales sobre los cuales se puede emprender este nuevo rumbo, especialmente en aspectos como la reforma rural integral, las transformaciones democráticas, los derechos de las víctimas, entre otros aspectos mencionados en esta herramienta de transformación.

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Adicionalmente es importante señalar entre los logros de la firma del acuerdo final de paz, se ha constituido en un liberador de nuevos escenarios para que el movimiento social y popular coloque en su agenda inmediata la lucha por derechos por tantos años no cumplidos.

Igualmente, y cómo lo hemos observado en los últimos años, el acuerdo final de paz ha permitido el incremento de la movilización social, lo cual se ha demostrado en las gigantescas movilizaciones que el país ha visto después del paro nacional del 21 de noviembre del 2019 y que ha tenido entre otros momentos el más reciente capítulo de indignación y rebeldía en las potentes movilizaciones en todo el país a partir del 28 de abril del 2021, y que se prolongaron cerca de 90 días, con las que se mostró qué la sociedad perdió el miedo o al menos se sintió en la obligación de salir a las calles a exigir las transformaciones y cambios que el país requiere para consolidar la democracia y la superación del conflicto armado.

Desde la perspectiva de las víctimas, el acuerdo de final de paz permitió que la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición se reconocieran como derechos, se convirtieran en una agenda más allá de las víctimas para ser apropiada por el conjunto de la sociedad colombiana. Asimismo, posibilitó que el país entendiera qué la memoria es un derecho de la sociedad pero también parte de un escenario de disputa política e ideológica, qué tiene que enfrentar, entre otros aspectos, un discurso y una práctica gubernamental que intenta negar la existencia del conflicto, desconocer la existencia de las víctimas y particularmente, sus derechos.

No obstante, estos importantes logros y avances con el acuerdo final de paz, también se debe señalar que, en la perspectiva de construir un nuevo país, existen algunas dificultades qué será necesario tener en cuenta a la hora de construir un horizonte de paz duradera y estable.

En primer lugar, es evidente que un sector de la élite gobernante se opuso desde el poder del Estado y del gobierno, a la implementación del acuerdo de paz, incluso desde antes de ser firmado declararon su abierta y radical oposición a cualquier intento de poner fin al conflicto. Esa oposición expresa el gran temor que tienen a perder los privilegios sociales, políticos y económicos obtenidos en el marco de una guerra de la cual se beneficiaron, lo que lo lleva a interpretar la búsqueda de la paz como una amenaza directa a sus intereses y a atacarla con múltiples argumentos. Temen también que el país conozca su participación, tanto en el diseño de una estrategia de guerra de despojo como en la financiación de la misma y la obtención de un importante poder económico que les permitió apropiarse de tierras y territorios de comunidades, dueñas de múltiples riquezas. Temen a la verdad, y por eso descalifican el papel que juegan las instituciones creadas en el marco del acuerdo final de paz.

Otra dificultad para construir la Paz es el avance de un modelo económico sustentado en la desigualdad, en el despojo y en la profundización de la pobreza, la exclusión y la violencia, y que no hace cosa distinta que reproducir las causas que originaron el conflicto armado en Colombia.

Pese a las más recientes movilizaciones en las que la ciudadanía y especialmente los jóvenes desafiaron el miedo impuesto por las élites que quieren prolongar la guerra, la sociedad colombiana sigue enfrascada en la trampa del miedo que le impide ver las oportunidades qué significa apostar por la construcción de la paz, para lo cual los medios masivos de desinformación, propiedad de esas élites corruptas y violentas, asumen un papel intimidante, contrario a la construcción de democracia y libertades.

Un aspecto importante para referir desde la perspectiva de las víctimas y qué hace parte de esos incumplimientos al acuerdo de paz es el poco o casi nulo avance de la implementación del punto 1 del acuerdo final de paz referido a la reforma rural integral, lo que no ha permitido una transformación de la estructura de la propiedad de la Tierra. La negativa también a reconocer al campesinado como un importante actor social necesario para el desarrollo del país, ha imposibilitado el reconocimiento del estatus correspondiente a las zonas de reserva campesina y los planes de desarrollo con enfoque territorial que pudieran ser una opción de desarrollo y superación del conflicto que en amplias regiones del país afectó e impidió el desarrollo de las potencialidades productivas del campo.

A la hora de hablar de los 5 años de la implementación del acuerdo de paz hay que decir que tanto el gobierno de Juan Manuel Santos y particularmente el gobierno de Iván Duque, han llevado una agenda paz territorial bastante coja; pero este último ha actuado con mezquindad, ha saboteado la implementación y cumplimiento de lo pactado y ha desarrollado una política paralela, pero también frontal para negar la posibilidad de recomponer el tejido social en los territoriales, pero cuidándose de aparecer ante la comunidad nacional e internacional como un mandatario comprometido con la paz.

Para las víctimas del conflicto armado el acuerdo final de paz ha significado una batalla permanente entre la esperanza y el anhelo de paz qué se anuncia y se insinúa en el acuerdo, y el desencanto de una política pública que va en contravía tanto de los derechos de las víctimas del conflicto, cómo están manoseada expresión “las víctimas en el centro de la construcción de la paz”.

La esperanza por supuesto está centrada en una institucionalidad establecida con enfoque de derechos y reconocimiento a la participación de las víctimas a través del sistema integral de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UPBD) y especialmente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Son estas entidades una voz de aliento y satisfacción, por cuánto han permitido la participación de las víctimas en los procesos judiciales y en los casos que se investigan y documentan graves violaciones a los derechos humanos, y también por los logros significativos en la identificación y protección de lugares donde presuntamente se encuentran personas dadas por desaparecidas. Ahora las expectativas se enfocan en la publicación del informe de la Comisión de la verdad; anhelo de muchas víctimas para que se convierta en un instrumento que permita, desde la verdad de lo que sucedió en el conflicto, darle una oportunidad al país para tomar un nuevo rumbo.

Sin embargo, siendo este un aspecto promisorio, no lo es el cumplimiento del acuerdo final de paz en otros aspectos, como por ejemplo en el caso de la aplicación de, la ley 1448 o ley de víctimas que contrario a garantizar una eficaz aplicación como se propuso desde su inicio a través de un detallado cronograma, se ha venido impulsando un sutil desmonte de esta, lo que configura un franco retroceso en la política pública de reparación integral a las víctimas, que hoy ven cada vez más lejos la posibilidad de acceder a una precaria indemnización, y muchísimo menos a una restitución de tierras despojadas.

Otro aspecto de burla a los derechos de las víctimas, es el largo camino, lleno de obstáculos e impedimentos, que tuvo que recorrerse para lograr la reglamentación y asignación de las 16 curules para las víctimas que estableció el acuerdo de paz. En cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el Senado de la República, aprobó revivir las curules de paz que permitirán a las víctimas del conflicto tener representación en el Congreso entre 2022 y 2030. Sin embargo, una serie de inconsistencias y limitantes para el pleno ejercicio de este derecho, se han convertido en barreras de acceso para las víctimas, y la posibilidad de que eventualmente ellas sean asaltadas por sectores vinculados a la política tradicional y no necesariamente comprometidos con la construcción de la paz, es altamente probable.

De esta manera, los 5 años de la firma del acuerdo de paz sitúan a las víctimas en una condición bastante compleja y lejana en cuanto a la plena materialización de sus derechos. Si existiera una verdadera voluntad política del gobierno, del Estado y de la sociedad de darle un chance a la paz, sería posible diseñar y promover una política pública que ponga punto final a la guerra, a la violencia como arma política, a la sistemática e impune violación de los derechos humanos y a la exclusión política; y con ello sería posible detener los asesinatos a líderes y lideresas, las masacres, la estigmatización, las amenazas y los desplazamientos forzados, que hoy por hoy siguen marcando nuestra realidad, por cuenta de los discursos y prácticas guerreristas que desde el gobierno se imponen, llenando de tristeza, dolor y miedo amplias zonas del país.

Pero siempre reverdece la esperanza, esa, qué ve, en las movilizaciones de la indignación, la ventana de oportunidad para que el país cambie de rumbo, y nos permitamos construir desde nuevas voluntades políticas, un pacto para implementar de manera decidida, continua y financiada la paz duradera y estable que anhelan las mayorías del país, y debemos heredar a las nuevas generaciones

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