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Por Fabio Monroy Martínez    

    


     En el análisis del primer año de la implementación de los Acuerdos de Paz, convocado por una gran cantidad de organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Corporación Viva la Ciudadanía, evento recientemente llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron muchas las miradas y variadas las posturas de quienes allí se dieron cita para echar una mirada retrospectiva de lo que viene aconteciendo desde la firma de dichos acuerdos en el Teatro Colón


Ante la ola de asesinatos y amenazas que se han desatado en Colombia, en éste primer aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, suscrito entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc – EP, y la cantidad de incumplimientos presentados en su implementación, surgen éstas preguntas en el común de la ciudadanía: ¿Acuerdos de Paz? ¿Cuáles acuerdos?
En el análisis del primer año de la implementación de los Acuerdos de Paz, convocado por una gran cantidad de organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Corporación Viva la Ciudadanía, evento recientemente llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron muchas las miradas y variadas las posturas de quienes allí se dieron cita para echar una mirada retrospectiva de lo que viene aconteciendo desde la firma de dichos acuerdos en el Teatro Colón.


A las víctimas y a sus familiares, de tan inquietante situación que se presenta en toda la geografía nacional con repercusiones mayores en unas zonas que otras, nadie les responde por encontrarse en los listados de las fuerzas oscuras que no permiten la libre circulación de bienes y personas en “sus” territorios.


Tanto así que, donde se reclaman propiedades adquiridas mediante cuestionadas artimañas por parte de grupos al margen de la ley que luego las traspasan a quienes deberían dar ejemplo de transparencia, entre éstos un ilustre Senador de la República, Mauricio Lizcano y su señor padre, quienes aparecen como titulares de miles de hectáreas de tierra en las que la constante ha sido el desplazamiento forzado y hasta la eliminación sistemática de los que osan impedir las acciones delincuenciales por medio de las cuales despojan a gran cantidad de humildes familias campesinas que derivan su sustento de sus actividades en mínima escala de la agricultura y la ganadería. Sí, así es, esto viene ocurriendo ante la vista gorda de las autoridades locales, regionales y nacionales.


Otra arista, del primer año de la firma de los acuerdos, es el que la estigmatización de quienes misionalmente se ocupan de la promoción y defensa de los derechos humanos continúa y con tendencia a agravarse, cual dólar cuando anda su escalada alcista, sin que hasta el momento se le haya puesto control alguno.


El Procurador General de la Nación, ante semejante aberración ha implementado unas acciones que, si bien puede ser plausibles, solamente sería como intentar bajar la fiebre con toallitas frías; mediante la Directiva 002 del 14 de junio de 2017, enfatiza en el concepto de a quienes se considera como defensor de los derechos humanos en Colombia, ampliándolo hasta el punto que se incluyen como tales a quienes forman parte de los movimientos sociales, así mismo a quienes participen de los movimientos políticos, como también a quienes lideren las diversas organizaciones sociales y hasta las mismas organizaciones, concluyendo que se consideran como defensores de derechos humanos a quienes participen activamente en la implementación de los acuerdos de paz.


A manera de aclaración, se trata de quienes vienen siendo gravemente amenazados y vilmente asesinados con posterioridad a la consolidación de los acuerdos, los que conllevaron a la entrega de las armas y la completa desmovilización de los frentes armados las Farc.


Si bien el Procurador hace un llamado a las instancias de poder estatal para que se ajusten a los nuevos lineamientos sobre la adopción de una política pública de prevención y protección, individual y colectiva de los defensores de derechos humanos, las cifras tan altas de asesinatos y amenazas a dichos líderes y lideresas en apenas el primer año de la suscripción de los acuerdos dejan mucho que desear y bastante preocupación en la comunidad internacional, más que al interior del país.


Son varios los aspectos en los que los compromisos han dejado de cumplirse a cabalidad y son modificados en gran parte, por injustificadas razones en su mayoría, solo por mencionar unos cuantos aspectos: La Justicia Especial para la Paz-JEP, que en principio abriría un espacio histórico para la verdad de cuanto ha sucedido en el país en tantos años de violencia y que sentaría precedentes judiciales en tal sentido, culminó convertida más en un saludo a la bandera con simples honores más que un cuerpo colegiado en el que se iba a investigar y procesar a quienes financiaron el paramilitarismo; en cuanto a las curules para las víctimas hemos sido testigos de excepción de cuanto ha sucedido en el Congreso de la República, que hasta debates en materia aritmética se presentaron en cuanto si se contaban o no los tres (3) escaños o tres (3) curules declaradas “vacías” por encontrarse cumpliendo penas privativas de la libertad los tres (3) congresistas sentenciados a largos años de prisión por delitos en contra de la administración pública, entre otros por los tan sonados y tristemente célebres casos del “Cartel de la toga” (en los que resultó preso un expresidente de la máxima autoridad jurisdiccional colombiana, el exmagistrado Francisco Ricaurte, por la venta de fallos judiciales y en la mayoría de los casos hacerse los de la “vista gorda” en los procesos que cursaban contra varios miembros del Congreso haber participado en reuniones con cabecillas de los grupos paramilitares) y el tan mencionado de Odebrecth que permeó las dos campañas presidenciales más fuertes del año 2014, tanto la del actual Presidente Santos, como la de su contrincante, el uribista Oscar Iván Zuluaga, al decir de quienes conocen esos hechos.


La situación es tan grave que, volviendo a los asesinatos y las amenazas, recientemente ante los medios de comunicación un grupo de veinticinco líderes sociales del Urabá antioqueño reclamaron protección y defensa ante el gobierno colombiano y demás instancias nacionales e internacionales de derechos humanos ante la ola de tantas violaciones a los lineamientos constitucionales y legales que garantizan la vida e integridad personal de quienes habitamos éste país tan rico en biodiversidad, en riquezas minerales y demás como en los tantos climas y paisajes que se dan en la geografía nacional, en especial en su gente tan emprendedora y trabajadora anhelante de la paz para que de verdad nos insertemos al desarrollo global con todas nuestras potencialidades puestas en el beneficio de toda la comunidad nacional y mundial.

*Abogado/periodista, Coordinador en Colombia del Servicio Paz y
Justicia en América Latina, SERPAJ-AL

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